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A las mujeres se les pide aumentar la vigilancia de sus hijos, que requieren de mayor cuidado ante el asalto, abusos o desapariciones, se llega a afirmar que las calles son inseguras, pero se determina que el lugar más inseguro es su propia casa, tanto para las mujeres, como para sus hijos/as. La violencia, que también va en aumento, llega a repercutir en la economía de cada país, aumentando la vigilancia, frenando el desarrollo de habilidades personales hacia el aumento de la criminalidad. Se suma a esto la violencia doméstica, que también daña parte de la perspectiva de desarrollo económico con costo social/económico, y humano, poniendo en juego la vida de cada una de las mujeres que la vive, o es sobreviviente, creando un impacto en general en su salud física y emocional. En reiteradas ocasiones la Organización Panamericana para la Salud, ha señalado como consecuencias de la violencia de género en nuestra salud: las enfermedades de transmisión sexual, lesiones, embarazos no deseados, abortos, dolores de cabeza, asma, gastritis o irritación del colon, dándose también el tabaquismo, drogas, alcohol, discapacidades permanentes o parciales. Más todo aquello que se suma a la salud mental: estrés, post-traumática, depresión, ansiedad, desorden en la alimentación, de personalidad y otros. Es un panorama patético que hemos podido comprobar durante años de trabajo a nivel local/nacional en Costa Rica, donde hemos dado atención individual a 19.230 mujeres hasta el 2001. El trabajo que hemos realizado se ha dado en un contexto nacional de aumento de la pobreza, y de migraciones externas. Podemos decir que sufren de violencia no sólo las mujeres que viven en los sectores populares, con las cuáles hemos trabajado más, sino de todas las condiciones socioeconómicas. Es importante señalar que en Costa Rica la atención a éste problema que hasta entonces era tan privado, lo llevamos al mundo público las organizaciones de mujeres, siendo también nosotras quiénes hemos demandado y cabildeado que hayan mecanismos nacionales, leyes, medidas de protección, sensibilización del personal de juzgados, capacitación a policías, programas concretos, propuestas para que se declare la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública, y avanzar a nivel de leyes para que ésta se condene como un delito. Los grupos de apoyo y acción comunal, son espacios propios de las mujeres dónde la confidencialidad, la solidaridad, el acompañamiento, y la acción, están a la orden del día, en los procesos hemos podido capacitar cerca de 18.693 mujeres a nível local, formulándose así un mayor liderazgo, demanda y denuncia de las mujeres sobre sus derechos. Consideramos que la labor que hemos realizado las organizaciones ha sido la más importante al visibilizar y demandar calidad y calidez humana de la atención, ha sido un proceso largo, y doloroso, dada la magnitud. Es necesario seguir adelante logrando que se cumplan con mayor efectividad programas no solo de atención, sino de prevención. En el año 2001 murieron 22 mujeres, en lo que va de este año han fallecido 6. No podemos pedir solo romper el silencio, sino que debemos exigir cumplimiento sobre las medidas nacionales aprobadas, como son en el caso de Costa Rica, a partir de la IV Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, en sus objetivos estratégicos y medidas inciso 'd', párrafo 112-130 página 61, en que se plantea: "112 - La violencia contra las mujeres impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, viola y menoscaba o impide su disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales." A partir de Beijing se ha puesto en práctica
el Plan para la atención y Prevención de la violencia
intrafamiliar que se ha sustentado en: Se ha impulsado la creación de redes locales de prevención, como información y promoción de los derechos de las mujeres con participación de organizaciones de mujeres, líderes locales, personal de instituciones públicas y privadas. - Albergues transitorios para Mujeres agredidas
y sus hijos e hijas, existiendo tres en cabeceras de provincias
de Cartago, Limón y Puntarenas. Todas estas instancias y mecanismos tienen que ser más efectivos, ya que de su impacto depende la vida de muchas mujeres. Nuestra labor permanente es demandar calidad en el servicio que se presta, darle seguimiento, acompañar a cada mujer que acude a nosotras, fortalecer los grupos locales y demandar mayor vigilancia para la seguridad ciudadana. Tómese en cuenta que la inseguridad es uno de los principales problemas que se enfrenta, se han realizado muchos esfuerzos, que requieren no solo de los recursos del Estado costarricense, sino de la participación de la sociedad costarricense. Por ejemplo, la capacitación y formación de la policía comunitaria en la que participa un porcentaje importante de mujeres. Se ha editado un manual policial de atención e intervención en Violencia Doméstica, con la participación de las Comisarías en las redes de apoyo. Junto a esto, se deben desarrollar políticas públicas, que mejoren la calidad de vida de los/as costarricenses, especialmente de aquellas que enfrentan la pobreza y que cada día son más afectados por la llamada globalización. Es necesario incorporar al programa de educación en general, la prevención, se debe ampliar y fortalecer la sensibilización de todo funcionario/a público, todo esto es un desafío global. El detener y prevenir la violencia contra las mujeres es una tarea que sobrepasa las fronteras de un país e inclusive de un continente. Recientemente se ha realizado un estudio en Costa Rica 1990-1999 con el objetivo de analizar las características y los factores asociados con los asesinatos cometidos en Costa Rica por razones de violencia de género, en esa década se logró comprobar lo siguiente: Costa Rica : Homicidios de mujeres en los
que se conocen circunstancias según grado de certeza de que
sean femicidios. 1990-1999 Costa Rica: Femicidios según arma
o metodo empleado. 1990-1999 Costa Rica: Femicidios según lugar
donde ocurren. 1990-1999 Costa Rica : Femicidios según nacionalidad
del femicida. 1990-1999 Esta situación de violencia de género nos lleva a dar una mirada global en la región Latinoamericana, relacionado con otras violaciones de los Derechos Humanos, como en Guatemala, Colombia, dónde los llamados nuevos modelos económicos, están trayendo situaciones de inseguridad como son los casos de Venezuela y Argentina. Todos y todas vivimos de una forma u otra estos procesos, no podemos ignorar lo que está pasando en cada uno/a de nosotros/as y en nuestros países. La violencia no es un fenómeno exclusivo de esta época, señala Adriana Gómez en su artículo "Un espacio de poder" de la Red de Salud de las mujeres Latinoamericanas y del Caribe:
La violencia contra las mujeres como parte de un sistema de las relaciones entre los géneros, tiene un costo económico, que podemos analizar de la siguiente forma: Los costos socioeconómicos de la violencia: Tipología Costos directos: valor de bienes y servicios usados en el tratamiento y la prevención de la violencia.
Costos no monetarios: dolor y sufrimiento*
Efectos multiplicadores económicos: impactos macroeconómicos en el mercado laboral y en la productividad intergeneracional.
Efectos multiplicadores sociales: impactos en las relaciones interpersonales y en la calidad de vida
* Algunos de estos se verán parcialmente
reflejados en los costos médicos. Sin embargo, en casos donde
los individuos no buscan tratamiento médico los impactos sobre
la salud deben considerarse como parte de los costos monetarios.
La violencia social y doméstica, es hoy un problema que se extiende en nuestras regiones, en cada continente con diferentes matices. Tenemos un desafío global, que requiere unir mayores esfuerzos no sólo para atenderla, sino para prevenirla, y así, reconstruir sociedades donde las relaciones entre los géneros sean más humanas.
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